Con la finalidad de establecer una investigación de acto administrativo, la Sindicatura Municipal de la Alcaldía de Carirubana, en supervisión con la máxima autoridad, Abel Petit, dio comienzo a un proceso de revisión de los instrumentos jurídicos, las diferentes ordenanzas y decretos, dentro del marco de los 100 días de gestión de la alcaldía.
El abogado Alexis Primera indicó que, desde el 7 de diciembre, fecha en la que asumió su cargo como Síndico Municipal, se ha abocado a la revisión de varios decretos, tales como el denominado 022-2020, publicado en la Gaceta Municipal, de fecha 12 de febrero del año 2020, el cual impone a las empresas que se encuentran en estado de ilegalidad y rebeldía tributaria, medidas y sanciones asegurativas y provisionales de carácter administrativo que recaen en contra de los bienes, muebles e inmuebles que ellos poseen. “Es decir que, aquellas empresas que se encuentren en mora con el municipio, este decreto faculta a la Alcaldía, poder realizar medidas asegurativas, de embargo, secuestro en contra de los bienes e inmuebles, llamadas empresas con rebeldía e ilegalidad tributaria, lo que consideramos como una acción ilegal, por lo que procederemos a revocarla”, sentenció.
Cuestionamiento del decreto 022-2020
Ahora bien, ¿Cuáles son los cuestionamientos de orden constitucional y legal que el decreto adolece?
Según lo expuesto por el profesional de las leyes; primero, “es un acto administrativo de efectos generales, cuya fundamentación constitucional invocada, no es aplicable para su dictado ya que el artículo 168, 174, 179, 180 y 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, carece de base constitucional y vulnera el principio de la legalidad tributaria consagrada en el artículo 317 de la CRBV.
Segundo, se le denomina decreto, conforme a la atribución conferida en el numeral 3 del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuyos destinatarios son empresas que se encuentren en estado de ilegalidad y rebeldía, que no puede calificarse así de manera genérica e indeterminada, pues, para ello se requiere un procedimiento jurisdiccional para tal calificativo, por contrariar normas legales y rebeldía por no acatarlas».
El abogado Primera explicó que la institución no puede aprobar un decreto que sea de carácter general; colocando el nombre de rebeldía, a no ser que se haga un procedimiento administrativo, y no puede generalizarse, debe ser particular para saber cuál es el proceso administrativo y cuál conlleva a esa calificación como tal.
Por otra parte, indicó que no pueden imponerse sanciones y medidas administrativas asegurativas sobre bienes de toda índole en forma genérica e indeterminada, sino que siempre deben imponerse en forma directa, a una persona y el marco de un procedimiento que le garantice el derecho a la defensa y el debido proceso, así como el derecho a los recursos en garantía de una tutela judicial y efectiva.
Argumentó que generalmente las empresas adoptan en su constitución y funcionamiento, la forma de compañías mercantiles que por mandato del Código de Comercio no pueden ser objetos de sanciones o inhibición general de bienes, salvo en un procedimiento administrativo o jurisdiccional.
Las sanciones y medidas asegurativas que dictaren en base al decreto de marras, vulneran los derechos constitucionales a la propiedad (art. 115 de la CRBV), a la no cofiscatoriedad (art. 116), a la libertad económica (art. 112), así como la presunción de inocencia (art. 49).
Continúa diciendo, “tiene efectos coercitivos y fines extorsivos, cuando se dispone que las medidas y sanciones asegurativas, pesarán hasta tanto las empresas den respuestas a las obligaciones contraídas con el municipio, pues, las consecuencias de los incumplimiento son el ejercicio de las acciones legales pertinentes”.
NP