El martes 27 de junio, detuvieron a dos venezolanos en un control policial ubicado en la zona de Gosieweg, Willemstad, lo cual ha provocado la indignación de la comunidad venezolana en Curazao. Estos representantes exigen al gobierno de la isla que tome medidas para evitar el maltrato, la discriminación y la persecución contra los migrantes.
Natalia Josefina Molina Rodríguez, miembro de la diáspora criolla en Willemstad, denunció en una carta pública que los discursos del gobierno sobre la integración de la comunidad venezolana en la vida social de Curazao son un engaño y demuestran la poca importancia que se le da a la grave situación que viven los venezolanos en la isla.
En otro operativo policial realizado el mismo día, detuvieron a Ramón Antonio Mavo Pérez, un albañil venezolano de 40 años y líder de una organización deportiva local. A Mavo Pérez lo detienen en su lugar de trabajo junto con otros migrantes. Por otro lado, su esposa, Yulimar del Carmen Palencia Gutiérrez, lleva siete meses en un centro de reclusión después de intentar ingresar a la isla en una lancha.
Molina Rodríguez destaca que estos dos venezolanos privados de libertad tienen derecho a la información y a solicitar protección como en cualquier país del mundo, sin tener que pasar por un proceso administrativo y judicial que atropella y decide automáticamente deportarlos sin considerar sus argumentos y su situación de inmigrantes o refugiados.
Amnistía Internacional señaló en febrero de este año que las autoridades de Curazao continúan negando protección a los venezolanos y los detienen automáticamente en condiciones inhumanas. Aunque se han dado algunos pasos para mejorar la situación de los derechos humanos de los venezolanos en busca de protección, aún es difícil acceder a este procedimiento debido a la falta de garantías por parte de las autoridades en cuanto al acceso a la información y asistencia legal.
La Unión Panamericana y del Caribe por los Derechos Humanos manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la reapertura de las fronteras con Curazao y Aruba genere aprehensiones masivas y expulsiones de venezolanos en situación migratoria irregular, constituyendo una inobservancia del Ordenamiento Jurídico Internacional.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela estima que alrededor de 14 mil venezolanos residen en Curazao, lo que representa aproximadamente el 10% de la población total de la isla. Ante la ausencia de un marco legal sólido y políticas públicas que ofrezcan garantías a estas personas, se ha observado una explotación laboral y falta de seguridad jurídica para los venezolanos y sus familias.
En su carta, Molina Rodríguez demanda la liberación de los venezolanos detenidos y que se respete su derecho a solicitar asilo según las leyes internacionales. Además, solicita a los gobiernos de Curazao y Países Bajos, así como a la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, trabajar en conjunto para definir políticas públicas que beneficien y protejan a la comunidad venezolana, así como reformar las leyes migratorias para cesar el hostigamiento contra los migrantes.
Con información de Crónicas del Caribe