El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel informó este jueves que su administración prepara un plan de contingencia ante un escenario de «desabastecimiento agudo de combustible», motivado por la creciente presión económica y energética de Estados Unidos.
En una comparecencia televisada, el mandatario reconoció que la isla enfrenta tiempos «muy difíciles» debido a lo que calificó como una «persecución financiera y energética» que ha interrumpido el flujo vital de recursos hacia el país caribeño.
«¿Qué derecho tiene una nación para bloquear el combustible a otro país?», cuestionó el mandatario, denunciando que Cuba enfrenta una «guerra ideológica, cultural y mediática» que busca la fractura de la unidad nacional.
El Ejecutivo cubano fundamentó la crisis actual a cese del suministro de petróleo venezolano, ocurrido el pasado 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro, y en la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump que impone aranceles a cualquier nación que suministre hidrocarburos a la isla.
El jefe de Estado aclaró que la relación con Venezuela ha sido de colaboración integral y no de dependencia. Explicó que, aunque el intercambio de servicios médicos por hidrocarburos cubría gran parte de las necesidades energéticas, el actual «bloqueo naval» ha impedido la llegada de buques. No obstante, reafirmó que la cooperación con Caracas se mantendrá «mientras el gobierno venezolano lo propicie».
Diálogo con EE. UU. “sin prisión”
Pese al complejo panorama, Díaz-Canel aseguró que Cuba mantiene su disposición a establecer un «diálogo civilizado» con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo y la soberanía.
El mandatario subrayó que La Habana está abierta a abordar temáticas de beneficio común, tales como asuntos migratorios, seguridad, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, así como colaboración científica y medioambiental, siempre que no se traten temas que el gobierno cubano considere como una injerencia en sus asuntos internos.
En este sentido, Díaz-Canel aseguró que «Cuba no está sola» y reveló que existen mecanismos y apoyos de países como Rusia y China, así como de instituciones internacionales que están dispuestos a trabajar con la isla, aunque evitó dar detalles para no entorpecer las gestiones ante la «persecución financiera» de EE. UU.
Llamado internacional
La administración de Donald Trump ha elevado la presión sobre Cuba a niveles críticos, vinculando la resolución de la crisis energética en la isla con una demanda histórica: la devolución de las propiedades confiscadas a exiliados cubanos tras la Revolución de 1959.
El mandatario estadounidense sugirió que este punto sería fundamental en cualquier posible «acuerdo» para evitar un corte total de suministros.
Este endurecimiento de la política exterior ocurre en un contexto de asfixia energética deliberada. Tras la remoción del poder de Nicolás Maduro en Venezuela, Estados Unidos logró interrumpir el flujo de crudo que Caracas enviaba a La Habana.
La estrategia se reforzó la semana pasada con la amenaza de imponer aranceles a cualquier nación que exporte petróleo a la isla, bajo el argumento de que Cuba representa una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional por sus nexos con “actores malignos” y la presencia de capacidades de inteligencia extranjeras.
El presidente Trump ha sido enfático en que la situación de precariedad actual podría revertirse si La Habana accede a negociar. Sin embargo, la exigencia de resarcir o devolver las propiedades nacionalizadas hace más de seis décadas introduce un elemento de alta complejidad jurídica y política que, hasta ahora, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha rechazado por considerarlo una injerencia a su soberanía.
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