Casos de abuso sexual a menores de edad e infanticidios no han parado de ser noticia en Venezuela durante los últimos días. Dantescos crímenes en los que niños y niñas se han convertido en víctimas mortales de hombres y mujeres partes de su entorno familiar. En medio de la conmoción nacional, el fiscal general, Tarek William Saab precisó que entre el 1 de enero y el 2 de noviembre de 2022, el Ministerio Público contabilizó 1 024 casos de abuso sexual infantil en el país. Pese a que no existen estadísticas oficiales de años anteriores, explicó el director de Cecodap, Fernando Pereira, esto se debe a las secuelas y el impacto en la salud mental que generó la pandemia por COVID-19 que inició en marzo de 2020 y se prolongó hasta el primer trimestre de 2022.
Saab precisó durante una entrevista concedida al Noticiero Venevisión, que se ha imputado a un total de 1 426 agresores, se ha acusado a 1 831 y se han obtenido 752 condenas: el promedio de condenas oscila entre 25 y 30 años de prisión.
«Hemos hablado sobre el tema de los padres y estar alertas. Hay que formarse con fuentes confiables, tener canales de comunicación con los niños y adolescentes, generar vínculos de confianza, enseñarles reglas de autocuidado y que tienen derecho a decir que no ante cualquier acto que pudiese provenir de un adulto y les genere incomodidad; además de supervisar el uso de las redes sociales”, expresó según una nota de prensa del Ministerio Público.
Para conocer las causas de este lamentable flagelo, El Cooperante consultó a Fernando Pereira, educador, orientador, investigador y especialista en la protección de la niñez y adolescencia, además, es fundador y director de Cecodap. Pereira sostuvo que la proliferación de estos casos se le atribuyen a las condiciones a las que estuvieron sometidas las familias durante la cuarentena por COVID-19, pero también a la crisis económica, social y política que vive Venezuela desde hace varios años.
«No tenemos estadísticas sobre el abuso sexual en el país que nos permitan hacer una comparación sobre la frecuencia de estos casos y su recurrencia o determinar si ahora son más o menos. Sin embargo, desde Cecodap se lo atribuimos a la pandemia, al efecto que tuvo esos dos años de confinamiento, de estar en casa, de los muchachos estar con los adultos sin tener trabajo y obligaciones. El estrés, la incertidumbre sobre el futuro, la economía, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, y por supuesto, el abuso sexual que fue uno de los elementos que se manifestó como un fenómeno», declaró vía telefónica.
Refirió a que la Organización Panamericana de la Salud y Unicef alertaron en su momento sobre el incremento de estos casos en medio de la pandemia por coronavirus. Sin embargo, añadió que no todos los casos tienen que ver con la pandemia.
«Estos casos han existido siempre, pero debemos entender que la pandemia trajo secuelas y un impacto en la salud mental. Otro de los elementos fundamentales que hemos visto es que hemos atravesado durante los últimos años una crisis humanitaria compleja y la crisis se ha manifestado en la disminución del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes», afirmó. «El no contar con espacios confiables para las denuncias, la ausencia de equipos que den respuesta efectiva al problema y personal capacitado».
En este sentido, Pereira reflexionó que ha sido en este año 2022, que la Fiscalía General de la República se ha ocupado de este problema y ha iniciado una campaña contra el abuso sexual al menor y al infanticidio.
«Durante muchos años no hubo campañas de sensibilización, ni orientación y lo que estamos viendo es el acumulado de todos estos años de ausencia de políticas o medidas para evitar estos casos de abuso al menor, durante mucho tiempo no se abordó el problema y no se le dijo a la comunidad que esto no es normal ni natural. Que estos casos deben denunciarse aunque el perpetrador sea un familiar, como ocurre mayormente».
El rol del Estado no es solo la acción penal
Usuarios de redes sociales estallaron durante los últimos días e iniciaron la campaña “Los niños no se tocan”, con un lazo verde para alertar sobre los casos. Al ser consultado sobre qué debe hacerse desde el Estado para mitigar este fenómeno negativo, Pereira recordó que existe una Ley de Prevención del Abuso Sexual que fue aprobada en septiembre de 2021 por la Asamblea Nacional y que contempla medidas que ya forman parte de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente -Lopna-.
«Hay un plan nacional para la prevención del abuso sexual y la protección de las víctimas. Pero hay que ir más allá, deben cumplirse programas de apoyo psicológico, incentivar la formación de maestros, funcionarios policiales, funcionarios de salud, judiciales, forenses que tienen que ver con estos casos. Además, las instituciones que se encargan del tema deben contar con personal que sea capaz de asesorar judicialmente y legalmente a las víctimas, para disminuir el índice de impunidad», enfatizó.
Otro tema primordial es evitar la revictimización, que la víctima sea reinterrogada varias veces, teniendo que pasar una y otra vez los hechos dolorosos que le tocó vivir. Pero también, subrayó, es importante que el tema de la educación sexual sea impartido en centros educativos. «Esto dará herramientas al niño sobre el autocuidado y autoprotección y le permitirá desarrollar ciertas destrezas y estrategias para defenderse de los abusadores en sus hogares y cualquier ambiente donde se desarrolle».
Además, Pereira resaltó que no las instituciones del Estado no solo tienen el rol de orientadores o de atención del tema penal, sino que tienen una deuda con la atención a las víctimas.
«Quienes pasan por este trauma deben recibir atención psicológica, terapia pero también necesitan apoyo socioeconómico. Esto en el caso de familias donde el abusador era el proveedor del núcleo familiar. Esto debería atenderlo el Estado. Pero también hablamos del seguimiento judicial de los casos, que lleguen al final del proceso, a la sentencia y que se haga justicia. Hablamos de que los servicios forenses estén adecuados para atender a los niños».
En diciembre de 2021, Unicef alertó que la COVID-19 había afectado a la infancia a una escala sin precedentes, lo que la convierte en la peor crisis de la infancia en los 75 años de historia de la organización
Casos de los últimos días:
El domingo 6 de noviembre autoridades del estado Zulia encontraron el cuerpo sin vida de Luzmary Carolina Urtado Silvera, de 7 años de edad. La niña estaba desaparecida desde el 3 de noviembre. Fue encontrada a orillas del río Escalante, en Santa Bárbara, en estado de descomposición a orillas del caudal, cerca de su vivienda. Los restos fueron trasladados a la morgue del cementerio municipal para determinar las causas de su muerte. Tenía signos de tortura, abuso sexual, estrangulamiento con una bufanda que llevaba puesta el día de su desaparición y golpes en su cuerpo, principalmente en su cabeza.
Ezequiel Antonio Sena Calderón de 32 años, fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión tras admitir su responsabilidad en el abuso sexual contra su hija de 16 años. El hombre abusaba de ella desde los 13 años y la embarazó.
Organismos policiales capturaron, la mañana del 3 de noviembre, al hombre señalado de abusar de un adolescente de 12 años: se encontraba encerrado en una vivienda, en el sector La Coromoto de Villa Araure, en Portuguesa.
Un adolescente de 15 años, hijo de un pastor de iglesia de testigos de Jehová, fue privado de libertad por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de dos niños, uno de cuatro y otro de cinco. También se le acusa por una agresión sexual contra una niña de seis.
El 4 de noviembre, funcionarios de la PNB, adscritos a la estación policial de Tomás Lander, capturaron a un hombre que presuntamente abusó de sus cincos hijas en Ocumare del Tuy.
Funcionarios del Cicpc capturaron a un profesor de Inglés en Cumaná, estado Sucre, por presuntamente haber abusado sexualmente de seis alumnas. El agresor, de 31 años de edad, será imputado con los cargos de acto sexual con víctima especialmente vulnerable; acoso sexual agravado; pornografía y corrupción de menores.
En otro abominable hecho ocurrido en Petare, estado Miranda, Arnoldo Medrano de 57 años abusó sexualmente de sus siete nietas de tres, seis, ocho, once, doce, catorce y dieciséis años, en complicidad con el tío de las menores. Se le practicaron pruebas de enfermedades de transmisión sexual y dio positivo a virus de papiloma humano (VPH). Las niñas también dieron positivo.
El lunes 24 de octubre, funcionarios de Estrategia de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Redan) extrajeron el cuerpo de una niña de 5 años de edad de un pozo séptico en Guacara, estado Carabobo. La investigación preliminar reveló que la menor de edad había sido abusada sexualmente y herida en repetidas ocasiones con un arma blanca. De acuerdo con Johan Castañeda, alcalde de Guacara, la niña estaba sola en su casa cuando ocurrió el hecho, debido a que su madre Yesika Rodríguez, de 30 años de edad, estaba en casa de un vecino. Por el hecho, fue imputado un joven de 14 años perpetrador del crimen.
Cifras de niños venezolanos vulnerables ante casos de abusos y violencia
Los niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad son las principales víctimas de la violencia en Venezuela, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Según datos conjuntos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Cecodap y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), un total de 3 738 menores de edad perdieron la vida en hechos violentos desde 2017 hasta 2019.
Solamente en 2019, OVV reportó 24 infanticidios (muertes recién nacidos), dos años después, en 2021 la cifra se mantuvo en 20 casos.
En cuanto a casos de violaciones sexuales de 12 a 17 años, se registró un incremento de 531%, pasando de contabilizarse 16 en 2019 y cerrar 2021 con 101 víctimas abusadas.
Cecodap indicó que en 2021, de cada 10 casos que enviaron a los Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescente, 6 no tuvieron respuesta.
El Cooperante