La estructura financiera del Tren de Aragua en Chile habría utilizado mecanismos digitales para trasladar grandes sumas de dinero al extranjero, incluyendo una plataforma fintech creada en Santiago que operaba con criptomonedas y que, según la investigación, habría servido para facilitar el movimiento de fondos hacia cuentas y billeteras internacionales.
La empresa señalada es Plusspay, una compañía que ofrecía servicios relacionados con activos digitales. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, su plataforma permitía a usuarios depositar pesos chilenos para luego convertirlos en dólares digitales como USDT y USDC, monedas estables utilizadas en operaciones con criptoactivos y transferencias internacionales.
El sitio web de la empresa indicaba que funcionaba bajo el marco regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Sin embargo, posteriormente el organismo aclaró que la compañía figuraba inscrita, pero no había completado la autorización necesaria para operar plenamente dentro del sistema regulado.
La empresa de criptomonedas chilena Plusspay fue allanada por su presunta relación con el Tren de Aragua en la acusación de lavado de dinero, que involucró a ejecutivos bancarios y la creación de cuentas en estas entidades para dicho delito.
Operación Tokio: la ruta de más de US$84 millones
La investigación denominada “Operación Tokio” destapó una presunta red financiera vinculada al Tren de Aragua que habría movilizado más de 84 millones de dólares mediante cuentas bancarias, empresas y plataformas digitales.
Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, parte de estos movimientos habrían pasado por sociedades como BexGroup SpA y BexDigital Services SpA, compañías relacionadas con una red empresarial que incluía firmas con nombres similares y conexiones internacionales.
En el caso de Plusspay, la investigación apunta al ingeniero venezolano José Manuel Ríos Guaidó como presunto propietario de la plataforma. Las autoridades allanaron oficinas en la comuna de Providencia, en Santiago, en busca de documentación y antecedentes vinculados a la operación financiera.
Ríos Guaidó no fue encontrado durante los procedimientos y la Fiscalía emitió una orden de detención en su contra. De acuerdo con la investigación, podría encontrarse fuera de Chile.
Empresas, criptomonedas y una compleja red internacional
Los registros societarios analizados por los investigadores muestran una estructura empresarial con compañías vinculadas entre sí y conexiones con entidades registradas en Estados Unidos.
La hipótesis de la Fiscalía es que estas sociedades habrían sido utilizadas para canalizar recursos provenientes de actividades ilícitas atribuidas al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional investigada por delitos como extorsión, tráfico de drogas, trata de personas y lavado de activos.
Además, pesquisas anteriores ya habían detectado el uso de plataformas digitales y criptoactivos por parte de células relacionadas con la organización en distintas regiones de Chile.
Dentro de la trama financiera también aparece mencionado Cheison Guerrero Palma, medio hermano de Héctor “Niño” Guerrero, señalado como uno de los líderes históricos del Tren de Aragua.
Ejecutivos bancarios y plataformas digitales bajo investigación
La investigación también reveló presuntos vínculos con trabajadores del sistema financiero y el uso de plataformas de intercambio de criptomonedas para mover recursos fuera del país.
Algunos de los involucrados quedaron bajo prisión preventiva mientras avanzan las diligencias judiciales, en una causa que las autoridades chilenas consideran uno de los mayores golpes contra la estructura económica del Tren de Aragua en la región.
La operación expuso cómo las organizaciones criminales han incorporado herramientas tecnológicas, empresas de fachada y activos digitales para intentar ocultar el origen de grandes cantidades de dinero y dificultar el rastreo financiero.
La CMF indicó posteriormente que Plusspay se encontraba registrada, pero sin contar con la autorización completa para operar como entidad regulada, mientras que la investigación penal continúa para determinar el alcance de la presunta red y la participación de cada involucrado.
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