Sundde, Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela realizó 1.429 ajustes en cuanto a precios en el mes de abril lo cual forma parte del programa de del Gobierno Nacional para frenar la inflación.
Dichas medidas fueron adoptadas bajo la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), que en noviembre de 2015 entró en vigor y se creó bajo una ley habilitante.
Dichas medidas fueron tomadas por «el incumplimiento en los precios acordados y la publicación de la tasa oficial cambiaria establecida por el Banco Central de Venezuela BCV, para las transacciones comerciales en divisas en caso de que los usuarios deseen hacer uso de este tipo de moneda».
Hasta la fecha, en el país hay una dolarización transaccional, es por ello que la mayor parte de los productos se compran en la divisa estadounidense y, cuando es necesario, la tasa de cambio que se aplica no es la del BCV, en la mayoría de los casos, la que se utiliza es las difundidas en las redes.
Por su parte, la Sundde también instó al cumplimiento de la cuarentena a 18.313 locales comerciales, considerando que había tiendas de textiles y calzados, electrodomésticos y ferreterías funcionando.
Con información de La Verdad/ACD
A los locales abiertos, les ordenaba «el cierre inmediato» además de exigir «el cumplimiento de las normas de bioseguridad en los comercios autorizados».
En abril del año pasado, la administración madurista firmó una lista de precios de 27 productos de consumo básico que hizo que Venezuela volviera oficialmente a regirse por este tipo de controles que anteriormente habían desatado la escasez.
La Ley Orgánica de Precios Justos abarca el precio de máximo de venta de los productos, el margen de beneficios que se puede obtener por la venta de bienes o servicios -20 % para importadores y 30 % para productores nacionales- el marcaje físico del precio de los productos, así como el sistema para determinar los precios de esos bienes o servicios.