El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un cambio radical en su política de visas de no inmigrante: los solicitantes deberán realizar el trámite exclusivamente en el país donde residen legalmente.
Esta decisión, anunciada el pasado mes por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone fin a una práctica común entre viajeros que buscaban agilizar el proceso acudiendo a embajadas o consulados en países vecinos.
La medida busca reducir la saturación de solicitudes en sedes diplomáticas, que recibían peticiones de ciudadanos extranjeros fuera de su país de origen.
La nueva normativa aplica a visas de turismo, estudio, trabajo temporal y negocios.
Quedan exentos únicamente los funcionarios diplomáticos y gubernamentales, quienes podrán continuar gestionando sus permisos en sedes alternativas.
Para los ciudadanos de países sin representación consular activa de Estados Unidos, como Venezuela o Cuba, se han designado consulados específicos: los venezolanos deberán acudir a Bogotá (Colombia), mientras que los cubanos deberán hacerlo en Georgetown (Guyana).
Este cambio ha generado preocupación entre los solicitantes, especialmente en América Latina, donde los tiempos de espera para una entrevista de visa pueden superar los 12 meses.
Los únicos que estarían exentos de seguir esta norma, serían los viajeros con visados especiales / Archivo
Además, quienes deseen modificar la sede de su entrevista deberán pagar una tarifa adicional no reembolsable. La medida se suma a otras restricciones recientes, como la obligatoriedad de entrevistas presenciales para la mayoría de las renovaciones y la evaluación digital de redes sociales como parte del proceso de solicitud.
El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses responde a una estrategia de seguridad más estricta y a la reorganización consular global.
Sin embargo, también ha provocado una disminución en la llegada de viajeros, afectando sectores como el turismo y la gastronomía. Se estima una caída del 3 % en el ingreso de visitantes internacionales. Esta situación podría tener repercusiones económicas significativas, especialmente de cara a eventos como la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en territorio estadounidense.
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