El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, ofreció detalles con relación al encuentro que sostuvo con la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en la sede de ese organismo en La Haya, el pasado miércoles 4 de noviembre.
Destacó que un Fiscal General de Venezuela en compañía del Defensor del pueblo fue recibido en dicha sede. “Algunos que viven un exilio dorado se tomaban fotos en un parquecito y aseguraban que las autoridades los habían recibido, faltando el respeto incluso a la misma Corte Penal Internacional, debemos recordar que la visita se realizó a solicitud del Estado venezolano, para fortalecer lazos con este organismo”.
Durante la reunión se abordaron detalles con respecto a los avances del sistema de justicia de Venezuela para sancionar violaciones a los Derechos Humanos y el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones de investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables de violaciones a los Derechos Humanos.
Para Saab, tal y como efectivamente lo ha venido haciendo el Ministerio Público y los Tribunales competentes lo que está estudiando La Fiscal es el análisis de dos aspectos sobre Venezuela. La llamada Venezuela referida a presuntos delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados de este asunto que inició en febrero de 2018.
En este caso se investigan tanto acciones de las fuerzas de seguridad que hayan resultado en violaciones a los derechos humanos, como de actores privados que causaron lesiones y muerte a funcionarios del Estado, y la denominada Venezuela II, relativa a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos “como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los E.E.U.U contra Venezuela, al menos desde el año 2014”.
En este caso se estudian las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el pueblo venezolano como consecuencia de las sanciones contra nuestro país.
“Debemos dejar claro que tanto en la reunión como en su nota de prensa posterior, la Fiscal Bensouda ratificó que ambos aspectos: Venezuela I y Venezuela II permanecen en examen preliminar con miras a tomar la decisión si se abre una investigación o no, es decir, todavía no se ha iniciado una investigación al respecto, pese a los esfuerzos de algunos medios de comunicación para transmitir noticias falsas” dijo el fiscal.
Precisó que en esta etapa preliminar, procede la constructiva colaboración entre las oficinas de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana, por lo que la reunión sirvió para reafirmar la disposición de colaborar con la CPI y remitir la información solicitada sobre las investigaciones realizadas por el Ministerio Público.
Adicionalmente, puntualizó que para realizar una invitación a la Fiscal para que visite al país la Corte Penal Internacional no sustituye a la legislación penal de Venezuela, esta tiene un carácter complementario. “Carácter complementario: Recordemos que la competencia de la Corte se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. En este sentido, la Corte solo tiene competencia, de conformidad con el Estatuto de Roma, respecto de: El crimen de genocidio; Los crímenes de lesa humanidad; Los crímenes de guerra; y El crimen de agresión”.
Explicó que el Estatuto de Roma en su artículo 1, señala que la CPI tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, es decir, que actúa solo cuando la jurisdicción nacional de un país no ha querido investigar crímenes que están bajo su competencia o no han podido hacerlo por determinadas circunstancias.
En este sentido, apuntó que para que un caso pase a la Corte, debe superar el proceso de revisión preliminar en el que se verificará que los delitos estudiados son de competencia de la Corte, y luego debe verificarse su admisibilidad, siempre que existan elementos para que el caso sea admitido e iniciar una investigación.
“Desde nuestra perspectiva, en el caso de que la Fiscal llegara a concluir que en Venezuela han ocurrido delitos que se pueden enmarcar dentro de su competencia, podremos demostrar fehacientemente que en nuestro país los hechos de violencia y las violaciones a los DDHH se han investigado y en la medida que los responsables han podido ser individualizados, estos han sido sancionados con todo el peso de la Ley”.
Para Saab, en la intervención realizada el pasado miércoles 4 de noviembre se diferenciaron los delitos contra los DDHH, los que son cometidos por funcionarios del Estado contra una o varias personas de los crímenes de lesa humanidad que son espectacularmente atroces, por lo que no se puede tipificar que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad cuando no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico y en caso de que si ocurriesen serían sancionados por todo el peso de la Ley.
Finalmente, acotó que Venezuela desde sus orígenes ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la Corte Penal Internacional y ha hecho aportes para su evolución en beneficio de la justicia internacional.“Este comportamiento, reafirmado en la visita realizada la pasada semana, contrasta con la actitud de potencias como los Estados Unidos, que se ha negado a someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
Dijo que Estados Unidos ha llegado al exceso de sancionar el pasado 2 de septiembre a la Fiscal Bensouda y otro alto funcionario de la Corte, por investigar si las fuerzas militares de Estados Unidos han cometido crímenes de guerra en Afganistán. “El gobierno de EEUU también amenazó con sancionar a cualquiera que dé apoyo material a estos funcionarios de la Corte, estas sanciones se basaron en una Orden Ejecutiva emitida el 11 de junio por el presidente Donald Trump que declaró una Emergencia Nacional que autorizó el congelamiento de activos y prohibiciones de entrada de familias que podrían imponerse contra ciertos funcionarios de la CPI”.
Emerson Martínez