En América Latina y el Caribe los migrantes y refugiados venezolanos fueron desalojados en casi un 40 % durante la pandemia, aumentando las posibilidades de encontrarse en indigencia y evidenciando según un estudio internacional presentado este miércoles 17e de febrero.
El consultor regional del informe, Juan Betencur señaló que son numerosas las personas que se encuentran en situación migratoria irregular.
«Con esto nos damos cuenta de la magnitud y dinámica de los desalojos en la región. Además, cinco de cada 10 personas que manifestaron ser desalojadas están en situación migratoria irregular».
Dicho estudio denominado, «Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela» fue realizado por el Sector Regional de Protección de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH revelando que, el 39,87% de los encuestados fueron desalojados y 38,1% están en riesgo de serlo.
Aunado a esto un 11 % de los desalojos terminaron en indigencia y tres de cada cuatro hogares estarían en situación de calle si fueran desocupados.
Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, hay 5,4 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela fuera de su país con 4,6 millones dentro de América Latina.
La mitad de los migrantes venezolanos están habitando una sola habitación, y el 18% están en alojamientos que no tienen cuartos. Así suelen vivir en grupo ya que el 85% de los hogares habitan más de tres personas y en el 32% cinco o hasta más.
En su mayoría tienen un contrato de arrendamiento, específicamente un 86%, de los mismos 7% son de naturaleza verbal lo que ha desencadenado más desalojo, pues aunque sólo hay un 11,5% de migrantes que no tienen o tenían algún tipo de contrato, el 60% fueron desalojados destaca el informe.
El 18 % asevera que poseen un permiso temporal de un programa especial, el 10,3% dice tener permiso o visa de solicitante de la condición de refugiado y el 9,3% una visa o permiso de residencia temporal.
«Los desalojos afectan los derechos humanos económicos y sociales de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, y en el contexto actual, principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas», indicó la relatora sobre derechos de las personas migrantes de la CIDH, Julissa Mantilla.
El representante especial Conjunto de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones OIM para los Refugiados Venezolanos, Eduardo Stein, explicó que «La necesidad de garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda como paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año»
Ambas organizaciones, que elaboraron el informe resaltan que afortunadamente hay gobiernos de la región declararon «prohibiciones temporales a los desalojos y otras iniciativas» para «prevenir la indigencia durante la pandemia».
Sin embargo, muchas de estas «regulaciones ya han expirado o culminarán una vez finalice la declaración de emergencia, creando un posible incremento en desalojos».
El informe se realizó entre los meses de octubre y noviembre del año pasado en siete países de América Latina y del Caribe, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana y Guyana contando 1.810 entrevistados.
Con información de La Verdad