Michelle Bachelet Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este viernes 25 de septiembre presentó la actualización oral del informe que expone la situación de los derechos humanos en Venezuela. Esto se llevó a cabo, en la 45° sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra.
Bachelet hizo referencia a los recientes indultos, las protestas, la libertad de expresión, las FAES, la pandemia, las sanciones, las acciones del TSJ y el ambiente político que se vive en el país.
La Alta Comisionada destacó el indulto decretado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 14 de septiembre.
«La adopción reciente de medidas positivas por el Gobierno de Venezuela, como el indulto a 110 personas, la liberación de 40 y una mayor cooperación con mi Oficina. Seguiremos brindando asistencia técnica al Gobierno».
Por otro lado, Bachelet informó que su oficina continuó documentado los casos de represión de protestas pacíficas desde el mes de marzo. Bachelet indicó que incluye las últimas «detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina».
Destacó específicamente los casos de los decesos en Zulia y Anzoátegui, con presunción de acción por parte de las fuerzas de seguridad.
«El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos», añadió.
Asimismo, la Alta Comisionada observo restricciones a la libertad de expresión, como la aplicación de la legislación contra el odio.
«Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas».
Aunado a esto, Bachelet reconoció que las autoridades estan haciendo esfuerzos con respecto a los migrantes que están retornando al país. No obstante, señaló que «me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces irregulares».
«Reconozco la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la COVID-19 en los centros de detención. Pero reitero mi llamado a mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad».
Afirmó que la pandemia ha impactado en el sector salud, indicando que asociaciones profesionales están informando que el «33 por ciento de las muertes por COVID-19 han sido del personal de salud debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales».
De igual forma, indicó que la pandemia a incrementado otros factores ya existentes como la crisis alimentaria. Basándose en un informe aportado por Caritas donde reportan que la desnutrición aguda infantil subió a un 15% en julio del 2020.
«También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo».
Se mostró además, preocupada por la situación de escacez de combustible y las sanciones que impiden la entrada al país del mismo.
«La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales. Quisiera reiterar mi llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia».
La Alta Comisionada destacó, su preocupación ante los numeros de decesos de jóvenes por los operativos de seguridad realizados.
«Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2,000 muertes desde enero de 2020».
Destacó como un avance que, las detenciones inmediatas se hayan ejecutado de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales FAES que son presuntamente respnsables del deceso de dos personas en el estado Zulia el pasado 21 de agosto.
«Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento», añadió.
Con respecto, a los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre y los partidos políticos que se han visto afectados tras la decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, Bachelet expresó su inquietud ya que considera «que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa».
La Alta Comisionada concluyó, indicando que en los próximos meses considera crucial que se proteja el espacio cívico y democrático, esperando que se continúe con las liberaciones de «todas las personas privadas de libertad por ejercer sus derechos».
Por último, hizo un llamado a contruir acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales que entren dentro del marco de la credibilidad «libres, inclusivos y equitativos»
Con información de Unión Radio