Durante una alocución nacional, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, mostró el denominado informe que los organismos y organizaciones de derechos humanos del país realizaron, para presentarlo ante el presidente Nicolás Maduro.
La autoridad judicial, estuvo acompañad por el canciller, Jorge Arreaza y los titulares de los Poderes Públicos, a su juicio los organismos internacionales no pueden sustituir a las instituciones de cada nación, y que son de carácter subsidiario y complementario”, dijo Saab.
«Este informe era necesario en este momento», dijo Saab y reiteró que está basado en acciones judiciales, imputaciones y sentencias en contra de violadores de derechos humanos. «Contra ellos todo el peso de la ley».
El portal de noticias Unión Radio reseñó que el fiscal cuestionó el informe de la misión independiente de determinación de los hechos de la ONU ya que para Saab solo buscan dinamitar el trabajo que realiza la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet en el país.
«Mientras está aquí la oficina de la Alta Comisionada de pronto aparece esta comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima».
Para Jorge Arreaza, canciller venezolano la ONU está usando como un arma política el tema de los derechos humanos. Expresó que durante los años 2014 y 2017 se originaron protestas con fines de ataque al proceso revolucionario.Además, señala que el informe que se presenta ahora ante el presidente y al representante de la ONU en Venzuela contiene más de un centenar de páginas, realizado de manera rigurosa y profesional por parte de los organismos venezolanos.
El ministro de Relaciones Exteriores reiteró que contra la República ha habido «un golpe de Estado continuado» impulsado por Estados Unidos y otros países «cartelizados».
«Es un ataque multiforme y multidimensional», agregó.
Arreaza dijo que el informe de la misión de la ONU que fue presentado hoy en Ginebra carece de rigor y que Venezuela no le puede dar validez.
«El 85 por ciento de las fuentes que utilizó esta misión son secundarias, no son los testigos, ni los familiares, sino redes sociales, medios informativos digitales y apenas el 15 por ciento es información válida».
Arreaza respondió a lo dicho por la misión de que no se les permitió el ingreso al país: «no es así, desde el momento que se aprobó la resolución ya nuestro embajador Valero le dijo que estábamos trabajando con la oficina de Bachelet».
Ratificó que el gobierno seguirá trabajando con la oficina de Bachelet.
Saab dijo que la misión de la ONU no envió solicitudes al Ministerio Público sobre los casos investigados, «ni por formalidad».
En cuanto a las cifras, Saab mostró 603 imputaciones a funcionarios de seguridad del Estado y 35 civiles implicados como colaboradores, para un total de 638 imputados por violaciones a los derechos humanos.
452 funcionarios aprehendidos de distintos organismos y 24 particulares, para un total de 476 privados de libertad.
811 funcionarios acusados y 129 civiles para un total de 940 acusados.
Ya fueron sancionados 127 funcionarios más 13 civiles, para un total de 140.
Falcón Informativa