Fiscal General Tarek William Saab, informó el desmantelamiento de una red que estafaba a través de la red social Insatagram, la cual operaba desde Miami (Florida), luego en Maracaibo y por último en Caracas. Se dedicaban a la comercialización de vehículos a clientes incautos.
Saab dijo que estos concesionarios captaban clientes a través de redes sociales y ofrecían vehículos a precios competitivos. Sin embargo, se trataba de vehículos que habían sido chocados y que compraban subastados a bajo precio en Miami.
“Estos eran reparados y luego ofrecidos en algunos casos como nuevos. La estafa consistía, a en muchos casos, en no entregar los vehículos bajo las condiciones que fueron previamente pactadas: en algunos casos eran entregados sin reparar y solicitando dinero adicional para su reparación.”
Precisó que hubo casos en que los vehículos nunca llegaron, a pesar de haber sido pagados y otra modalidad de estafa consistía en entregar los vehículos sin la documentación de propiedad.
En otros casos, los vehículos fueron importados, pero sin la documentación necesaria para su nacionalización, para lo cual también se pedía dinero adicional
Apuntó que al menos una decena de personas denunciaron ser víctimas de estas irregularidades y se conoce de otros casos de personas que aún esperan sus vehículos o la devolución del dinero.
“En vista de las denuncias recibidas, se inició investigación el 15 de septiembre logrando establecerse que los involucrados utilizaban como fachada en Venezuela la empresa Ciudad Cars del Norte, ubicada en Maracaibo y la empresa Elite Cars Concesionario en Caracas. Se solicitó orden de allanamiento en las respectivas empresas a los fines de ubicar cualquier elemento de interés criminalístico como documentos, vehículos, identificación plena de los propietarios, gerentes, y demás partícipes”.
Luego con base en elementos de convicción recabados, se solicitó orden de aprehensión contra Elio Anderson González Rosales (cabecilla de la organización y co-accionista de la empresa Ciudad Cars del Norte)
De igual forma se solicitó la aprehensión de Ediwson Ramón González Rosales (hermano de Elio Anderson y quien trabajaba a las órdenes de su hermano) y Wander Claret Tovar Cudemo (quien operaba desde la empresa Elite Cars Concesionario)
El 23 de septiembre fueron presentados Edwinson González Rosales y Wander Claret Tovar, siendo acordada la privativa de libertad. Posteriormente, se libró orden de aprehensión contra Silvio De Jesús Caetano (socio de González), por complicidad, debido a que el mismo permitió que use su local y el nombre de la empresa Ciudad Cars del Norte, como fachada para cometer las estafas
También se estableció la responsabilidad penal de Naim Aarón Medina Castillo, quien se encargaba de captar clientes y referirlos al cabecilla del grupo delictivo
Por último se solicitó alerta roja ante Interpol en contra de Elio Anderson González, quien se encuentra residenciado en Miami, Florida; así como el bloqueo e inmovilización de cuentas y activos a su nombre.
“Estos sujetos mancillan al buen venezolano y trabajador. Actualmente adeudan miles de dólares y pensaban que no se conocería su actividad delictiva. Adicionalmente fueron imputados por lesiones personales menos graves, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República”, dijo el fiscal.
Reiteró el compromiso del Ministerio Público con la defensa de los derechos humanos. “Debemos ser implacables contra este tipo de delincuentes. Utilizaron armas que les otorga el Estado con el fin de proteger a los ciudadanos para atentar contra ellos”.
Aunado a ello mencionó que el sistema de justicia de Estados Unidos, que tanto habla sobre Venezuela y fomenta las sanciones contra nosotros, liberó a los autores del asesinato de George Floyd. No les importó el impacto mundial que tuvo ese hecho.
“Colombia no tiene moral para hablar sobre derechos humanos, con 70 masacres en lo que va de año. El Grupo de Lima actúa contra Venezuela para intentar acorralar al país en el Consejo de DD.HH. de la Organización de las Naciones Unidas, pero nosotros respondemos de esta forma; judicializando criminales”.
Apuntó que en tres años de gestión van 603 funcionarios de seguridad del Estado por vulneración de derechos y 35 civiles señalados; además de 452 prehendidos y 24 particulares. Hay que destacar los 811 acusados funcionarios y 129 civiles colaboradores
“En relación con la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia sobre la muerte del capitán Acosta Arévalo. El MP volverá a conocer del expediente en las próximas horas para precalificar estos hechos que significaron una violación de DD.HH”.
Emerson Martínez