El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, informó que se dio inicio a una investigación contra los involucrados en una red criminal que pretendía robar activos de Venezuela en el Caribe.
En este sentido, indicó que han designado a la Fiscalía 67ª Nacional para que investigue estas denuncias y a todos los involucrados.
“Éstos son los mismos que han promovido sanciones para que la gente afronte dificultades para abastecerse de gasolina, alimentos ú otros elementos esenciales. Han recorrido el mundo para buscar asfixiar e implosionar a la nación. Dicha camarilla busca apropiarse de los recursos naturales que son del pueblo de Venezuela”.
El Fiscal expresó que la denuncia se pudo conocer que el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management, cuyos directores son los ciudadanos Jorge Reyes y Pedro Antar.
“Presentaron en 2019 al diputado en desacato de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien pretende usurpar funciones como Presidente de la República, una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos
Además de cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la alianza Petrocaribe”.
Dijo que estos seudoempresarios habrían solicitado como contraprestación por sus servicios, el derecho de apropiarse del 18% de todo que pudiera ser despojado al Estado venezolano.
“Este supuesto gobierno interino fue puesto por Estados Unidos para incursiones armadas fallidas, para el sabotaje a la industria petrolera y el sistema eléctrico. Actúan para despojar todo lo que puedan conseguir para las trasnacionales. En las negociaciones los representantes de Guaidó solicitaron un pago por 750.000 dólares estadounidenses, para la adjudicación del mencionado contrato”.
Precisó que exigieron que una vez se hubiese iniciado la apropiación de los bienes del país, se les diera la mitad del 18% solicitado por la Sociedad Mercantil Consorcio Caribbean Recovery Assets como contraprestación
“Los encargados de adelantar dichas negociaciones por instrucciones del diputado Guaidó, y que se encuentran investigados por este caso son Fernando Javier Blasi-Blanchard, Director de Asuntos Comerciales de la írrita e ilegal Embajada de Venezuela en EE.UU. Además de Magin Eduardo Blasi-Blanchard, hermano de Fernando Javier Blasi-Blanchard y responsable material de llevar a cabo el cobro de los 750.000 dólares solicitados para la adjudicación del mencionado contrato”.
Mencionó a Javier Leonardo Troconis, Comisionado Presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos y a José Ignacio Hernández González, exprocurador nombrado ilegalmente por Juan Guaidó; Luis Augusto Pacheco Rodríguez, presidente de una ficticia Junta Directiva Ad Hoc de Petróleos de Venezuela, ambos nombrados ilegalmente por Guaidó.
Dijo que también están involucrados en esta red destinada a robar activos del país en el exterior, la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets (CRA), propiedad de las empresas Lock In Capital y Global Risk Management, representadas por Jorge Reyes y Pedro Antar
“Todo indica, además, que estas firmas con nombres rimbombantes no son más que empresas de koala, utilizadas por estos dos supuestos empresarios para hacer negocios de dudosa legalidad como éste que se ha acaba de develar. Sobre ambos pesan graves acusaciones de actividades ilícitas en los EE.UU. y otros países. Uno fue sancionado por fraude a inversores y el otro aparece vinculado con una investigación por lavado de activos”.
Esto debido a exportaciones fraudulentas desde Ecuador a Venezuela utilizando el SUCRE. En este caso se presume la comisión de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir.
Además, aquellos falsos funcionarios que solicitaron un soborno de 750.000 dólares para la firma del contrato, habrían a su vez violado la legislación federal de los EE.UU., por tanto exhortamos a las autoridades de ese país para que procedan contra ellos.
“Este caso se trata de una nueva versión del contrato firmado por Guaidó y Juan José Rendón con Jordan Goudreau para que invadiera Venezuela con un ejército de mercenarios. En esta oportunidad se pretendió contratar a unos pillos para que robaran activos del país en el Caribe. Igual que con los mercenarios, se pretendió firmar un contrato para cometer un delito contra nuestro país, el cual al final no cumplieron.”
El fiscal mencionó que aquella oportunidad a Goudreau no le pagaron lo que le prometieron, en esta, le exigieron a estos piratas de las finanzas que se bajaran de la mula antes de la firma, y estos se echaron para atrás y los denunciaron.
Apuntó que el que se asocia con ellos termina estafado, humillado, enlodado y perseguido por la justicia nacional y extranjera.
“Este martes, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez; hizo una propuesta del único y legítimo gobierno de la República Bolivariana para los tenedores de títulos de Pdvsa y la Electricidad de Caracas. Con la finalidad de evitar que los inversores que legítimamente han adquirido estos papeles resulten afectados por las sanciones unilaterales que impone EE.UU. a Venezuela”
Expresó su apoyo a esta propuesta, que busca cumplir con los compromisos del país, a través del diálogo y el acuerdo con los poseedores de estos títulos de deuda.
“Hay un gobierno real, buscando alternativas a las sanciones y hay un gobierno ficticio dedicado al robo, extorsión, que cada día se hunde en el fango”.
Emerson Martínez